Entre las décadas de 1960 y 1980, el Cono Sur americano fue lugar de una transformación profunda en la práctica y conceptualización de la represión estatal. Dicho proceso se observa con particular claridad en una de sus manifestaciones más emblemáticas: la tortura sistemática, utilizada como técnica de interrogación. Se trata, en realidad, de dos transformaciones interrelacionadas y fundamentalmente transnacionales. En los años previos a 1976, todos los países del Cono Sur llegaron a ser gobernados por regímenes que vieron en la tortura supuestamente ‘científica’ una herramienta imprescindible para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, actores clave de la sociedad civil comenzaron a entender la tortura menos como una táctica contrarrevolucionaria que tenía que ser vencida política y militarmente, y más como un crimen perpetrado por individuos, quienes debían ser juzgados en foros nacionales e internacionales.
Historizar esta transformación multifacética representa el objetivo principal de mi tesis doctoral, la cual traza cambios importantes en la práctica y representación de la tortura como táctica de contrainsurgencia en el Cono Sur. En primer lugar, se documenta la infraestructura de adiestramiento en torturas y otros métodos de interrogación que entrelazaban a la Argentina, el Brasil, el Uruguay y sus vecinos. Esta red de instalaciones e intercambios militares funcionó no sólo a través del sistema Condor, sino también por medio de relaciones bilaterales. Sobre una base de tácticas locales preexistentes, se incorporaron técnicas de seguridad interna desarrolladas por los franceses en Argelia y refinadas por los estadounidenses con el objetivo de usarlas en Asia Sudoriental y América Latina. En segundo lugar, se examinan las transformaciones en el significado social de la tortura a través de un análisis no sólo de cambios en su uso y justificación por parte de las fuerzas de seguridad, sino también en las tácticas de sus opositores, entre ellos grupos armados, militares disidentes, abogados exiliados y ONG de derechos humanos.